Ayer, jueves 15 de abril de 2021, el Congreso aprobó el Proyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia. Un texto que ha estado en debate y análisis por los profesionales del ámbito desde su publicación en el BOE en junio de 2020.

El pasado 26 de marzo de 2021 tuvo lugar el primer Congreso sobre Infancia y Adolescencia en el que intervino Silvia Giménez-Salinas con el fin de concienciar y dar visibilidad en todas las esferas acerca de la necesaria reforma del sistema de protección de la infancia.

A día de hoy, nuestro Estado sigue sin tratar al menor de edad (niños, niñas y adolescentes) como un sujeto de derecho, sino que lo sigue siendo tratado, erróneamente, como un objeto de protección.

Esta lacra viene arraigada desde 1985, con la promulgación de la Ley General del Poder Judicial, por la que se reorganizaba el sistema judicial español, en la etapa de la transición (post Constitución 1978). En concreto, en materia de menores, el objetivo de la reorganización consistió en separar la función instructora, de la función enjuiciadora, con la creación de los Juzgados de menores (retirando así la competencia hasta ahora de los Tribunales Tutelares de Menores).

En aquél entonces el legislador debía diseñar el sistema judicial del menor, teniendo como ejemplos cercanos los sistemas de los países europeos vecinos para configurar su sistema de protección a la infancia. Mientras que en Francia se creó la figura del Juez de menores, especializado en la materia penal y civil de protección, en esta última revisa la medida propuesta por la entidad administrativa y decide sobre su admisión (y ejecución) o no; en Alemania, el Juez de menores está especializado solo en el ámbito penal, siendo competencia del Juez de familia la decisión de aprobar o no la propuesta administrativa de declaración de desamparo.

El legislador español finalmente se decantó por las competencias del modelo alemán (Juez de menores para el ámbito penal y juez de familia para la materia de protección). Sin embargo, no atribuyó al Juez de familia la potestad de decisión sobre la aprobación de la medida administrativa, delegando en las Comunidades Autonómicas (y por ende, en la propia Administración) la potestad absoluta para decretar la situación de desamparo de un menor.

El procedimiento de desamparo se inicia por la Entidad administrativa dentro de un marco administrativo en el que la Entidad asume las funciones tutelares de los menores cuyos padres no pueden ejercer sus capacidades parentales en protección de los hijos.

Por lo tanto, puede decirse que la sanción más grave que puede tener una familia es la declaración de desamparo del menor y que esta decisión no es judicial, sino administrativa.

¿Dónde queda, entonces la tutela judicial efectiva en este procedimiento? ¿Cuándo interviene el Juez?

Según la legislación española, solo en supuesto de mostrar oposición, el Juez de familia revisará la acción de la Entidad protectora, a través de un procedimiento que se regula en tan solo 2 artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y en España, el derecho de familia no tiene jurisdicción propia, sino que que son los Jueces de 1ª Instancia los que tienen la competencia para tratar los asuntos de familia.

Esto ya dice mucho de la importancia del interés superior del menor para el legislador.

El procedimiento de oposición se insta con la medida administrativa ya ejecutándose, a través de un escrito en el que únicamente se anuncia la oposición, pues no se tiene acceso al expediente (en algunas comunidades como Catalunya sí se permite, pero no en todas, como Madrid) hasta que el Juzgado lo requiere en el procedimiento. Recibida la demanda, el juzgado requiere a la Entidad administrativa el expediente, para poder formalizar la demanda de oposición. Es decir, que desde que la Administración dicta la resolución hasta que el procedimiento toma su curso, mínimo, transcurren 6 meses. Tiempo al que hay que añadir las dilaciones procesales como consecuencia de la sobrecarga de trabajo del Juzgado, debido precisamente a la falta de recursos (jurisdicción propia, especialización, etc); es decir, 1 o 2 años hasta tener vista.

El tiempo es un elemento esencial para que un sistema judicial funcione. Un sistema de protección no funciona si el tiempo no acompaña al menor.

El sistema de protección es un sistema sancionador, y no puede generar confusión de roles. Sin embargo, los genera. En el ínterin del procedimiento judicial, la medida administrativa sigue su curso, regulada y revisada por la propia entidad administrativa, dado que es la única con potestades y competencias para ello, pero además sin control judicial externo.

Y ello provoca inevitablemente un clímax tenso entre la entidad administrativa y los progenitores del menor: la entidad que separa al menor de la familia, es proclamada, a su vez, como entidad protectora del menor. En la esfera judicial, padres y entidad son partes adversas, mientras que en la esfera administrativa deben acceder a las medidas (en caso de incumplimiento, sanción con reducción o suspensión de visitas, etc).

La confusión de roles se agrava con la desigualdad de partes: Mientras que los padres no tienen acceso a la asistencia jurídica gratuita en el proceso administrativo de desamparo, la Entidad protectora no cuenta con control (judicial) externo ninguno sobre las medidas que lleva a cabo.

Las estadísticas arrojan un dato alarmante: en la actualidad España tiene 50.000 menores tutelados por la Administración, mientras que las oposiciones a las medidas, al año, no llegan ni a medio millar.

El sistema de protección no es inválido en su totalidad, sin embargo, hay que dotarlo de instrumentos:

• Es necesario separar la investigación de la decisión,
• es necesaria la especialización en la materia de infancia y familia,
• es necesaria la jurisdicción propia en dicha materia,
• y es necesaria la eficacia del sistema con una adaptación de los tiempos procesales a los tiempos evolutivos del menor.

Clic aquí para acceder a la grabación del Congreso y para ver la intervención íntegra de Silvia Giménez-Salinas.

SGS · ABOGADOS DE FAMILIA

***

Childhood and Adolescence. Lack of protection in a protection system.

Yesterday, Thursday, April 15, 2021, Congress approved the Organic Law Project for the comprehensive protection of children and adolescents against violence. A text that has been under discussion and analysis by professionals in the field since its publication in the BOE in June 2020.

On March 26^th, 2021, the first Congress on Childhood and Adolescence took place. Silvia Giménez-Salinas intervened in order to raise awareness and give visibility in all spheres about the necessary reform of the child protection system.

Our State continues not to treat minors (boys, girls and adolescents) as a subject of law, but to be treated them, erroneously, as an object of protection.

This scourge has been ingrained since 1985, with the enactment of the General Law of the Judicial Power, by which the Spanish judicial system was reorganized in the transition stage (post Constitution 1978). Specifically, in matters of minors, the objective of the reorganization consisted of separating the investigative function from the prosecutorial function through the creation of the Juvenile Courts (thus withdrawing the jurisdiction so far from the Juvenile Courts).

At that time, the legislator had to design the juvenile’s judicial system, taking as close examples the systems in force in the neighbouring European countries, in order to configure its child protection system.

In the French system the figure of the Juvenile Judge was created: specialized in criminal and civil protection matters, which reviews the measures proposed by the administrative entity and decides on its admission (and execution).

In Germany, however, the Juvenile Judge is specialized only in the criminal field, leaving the decision of whether or not to approve the administrative proposal for a declaration of abandonment to the Family Judge who has the competence.

The Spanish legislator opted for the German model (juvenile judge for criminal matters and family judge for protection matters). However, it did not attribute to the Family Judge the power to decide on the approval of the administrative measure, delegating the competence in the Autonomous Communities (and therefore, in the Administration itself).

The abandonment/helplessness procedure is initiated by the administrative entity within an administrative framework, in which the Entity assumes the guardianship functions of minors whose parents cannot exercise their parental capacities to protect their children.

Therefore, it can be said that the most serious sanction that a family can have is the declaration of abandonment/helplessness of the minor; and that this decision is not judicial, but administrative.

Where is the effective judicial protection in this procedure? When does the judge intervene?

According to Spanish legislation, only in the event of showing opposition, the Family Judge will review the action of the Protecting Entity, through a procedure that is regulated in just 2 articles of the Civil Procedure Law. And in Spain, family law does not have its own jurisdiction, but it is the 1^st Instance Judges who have the competence to deal with family matters.

This fact says a lot about the importance of the best interests of the minor for the legislator.

The opposition procedure is urged with the administrative measure already in force, through an application in which the opposition is announced. The announcement needs to be made, because there is no access to the file (in some communities such as Catalonia it is allowed, but not in all, such as Madrid) and once the announcement is received, Court requires the file that will allow the family to analyse what happened and to present the opposition lawsuit.

In other words, from the moment the Administration issues the resolution until the procedure takes its course, at least 6 months go by. Time to which we must add the procedural delays as a consequence of the Court’s work overload, precisely due to the lack of resources (own jurisdiction, specialization, etc.); that is, 1 or 2 years until sight.

Time is an essential element for a judicial system to correctly function. A protection system does not work if it takes this long.

The protection system is a sanctioning system and it cannot create a role confusion. However, it creates them. In the interim of the judicial procedure, the administrative measure continues in force, regulated and reviewed by the administrative entity itself, since it is the only one with powers and competences to do so, but also without external judicial control.

And this, inevitably causes a tense situation between the administrative entity and the minor’s parents: the entity that separates the minor from the family is, in turn, proclaimed as the minor’s protective entity. In the

judicial sphere, parents and entity are adverse parties, while in the administrative sphere they must access the measures (in case of non-compliance, sanction with reduction or suspension of visits, etc.).

The confusion of roles is aggravated by the inequality of the parties: while the parents do not have access to free legal assistance in the administrative distress process, the protecting entity does not have any external (judicial) control over the measures it imposes.

The statistics show an alarming fact: Spain currently has 50,000 minors under the tutelage of the Administration, while the number of opposition judicial procedures is not even 500 a year.

The protection system is not invalid in its entirety, however, it must be equipped with instruments:

– It is necessary to separate the investigation from the decision,

– specialization in the field of childhood and family is necessary,

– a proper jurisdiction in this matter is necessary,

– and the efficiency of the system is necessary with an adaptation of the procedural times to the evolutionary development of the minor.

Click here to access the recording of the Congress and to see the full speech by Silvia Giménez-Salinas.

SGS · ABOGADOS DE FAMILIA

***

Enfance et adolescence. Manque de protection dans un système de protection.

Hier, jeudi 15 avril 2021, le Congrès a approuvé le projet de loi organique pour la protection globale des enfants et des adolescents contre la violence. Un texte qui fait l’objet de discussions et d’analyses par des professionnels du domaine depuis sa publication au BOE en juin 2020.

Le 26 mars 2021 a eu lieu le premier Congrès sur l’enfance et l’adolescence au cours duquel Silvia Giménez-Salinas est intervenue afin de sensibiliser et de donner une visibilité dans tous les domaines à la nécessaire réforme du système de protection de l’enfance.

À ce jour, notre État ne traite toujours pas les mineurs (garçons, filles et adolescents) comme un sujet de droit, mais continue d’être traité, à tort, comme un objet de protection.

Ce fléau est enraciné depuis 1985, avec la promulgation de la loi générale sur le pouvoir judiciaire, par laquelle le système judiciaire espagnol a été réorganisé, dans la phase de transition (post Constitution 1978). Plus précisément, en matière de mineurs, l’objectif de la réorganisation consistait à séparer la fonction d’enquête de la fonction de poursuite, avec la création des tribunaux pour mineurs (retirant ainsi la compétence des tribunaux pour mineurs).

À cette époque, le législateur devait concevoir le système judiciaire des mineurs, en prenant comme exemples proches les systèmes des pays européens voisins pour configurer son système de protection de l’enfance. Alors qu’en France la figure du juge des mineurs a été créée, spécialisée en matière pénale et de protection civile, dans cette dernière, elle examine la mesure proposée par l’entité administrative et décide de son admission (et de son exécution) ou non; En Allemagne, le juge des mineurs est spécialisé uniquement dans le domaine pénal, la décision d’approuver ou non la proposition administrative de déclaration d’abandon est de la compétence du juge de la famille.

Le législateur espagnol a finalement opté pour les pouvoirs du modèle allemand (juge des mineurs pour les affaires pénales et juge de la famille pour les questions de protection). Cependant, il n’a pas donné au juge de la famille le pouvoir de décider de l’approbation de la mesure administrative, déléguant aux communautés autonomes (et donc, à l’administration elle-même) le pouvoir absolu de décréter la situation d’impuissance d’un mineur.

La procédure d’abandon est initiée par l’Entité administrative dans un cadre administratif dans lequel l’Entité assume les fonctions de tutelle des mineurs dont les parents ne peuvent exercer leurs capacités parentales pour protéger leurs enfants.

On peut donc dire que la sanction la plus grave qu’une famille puisse avoir est la déclaration d’abandon du mineur et que cette décision n’est pas judiciaire, mais administrative.

Où est donc la protection juridictionnelle effective dans cette procédure? Quand le juge intervient-il?

Selon la législation espagnole, uniquement en cas d’opposition, le juge de la famille réexaminera l’action de l’entité protectrice, selon une procédure régie par seulement 2 articles de la loi de procédure civile. Et en Espagne, le droit de la famille n’a pas sa propre compétence, mais ce sont les juges de première instance qui sont compétents pour connaître des affaires familiales.

Cela en dit déjà long sur l’importance de l’intérêt supérieur du mineur pour le législateur.

La procédure d’opposition est pressée avec la mesure administrative déjà en cours d’exécution, par une lettre dans laquelle seule l’opposition est annoncée, car il n’y a pas d’accès au dossier (dans certaines communautés comme la Catalogne, il est autorisé, mais pas dans tous, comme Madrid) jusqu’à ce que la Cour l’exige dans la procédure. Une fois la demande reçue, le tribunal demande à l’entité administrative de déposer le dossier, afin de formaliser la demande d’opposition. En d’autres termes, entre le moment où l’Administration émet la résolution et le moment où la procédure suit son cours, il s’écoule au moins 6 mois. Temps auquel il faut ajouter les retards de procédure dus à la surcharge de travail de la Cour, précisément en raison du manque de ressources (compétence propre, spécialisation, etc.); c’est-à-dire 1 ou 2 ans jusqu’à la vue.

Le temps est un élément essentiel du fonctionnement d’un système judiciaire. Un système de protection ne fonctionne pas si la météo n’accompagne pas le mineur.

Le système de protection est un système de sanction et ne peut pas créer de confusion des rôles. Cependant, il les génère. Dans l’intervalle de la procédure judiciaire, la mesure administrative poursuit son cours, régulée et revue par l’entité administrative elle-même, puisqu’elle est la seule à disposer des pouvoirs et des compétences pour le faire, mais aussi sans contrôle judiciaire externe.

Et cela provoque inévitablement un point culminant tendu entre l’entité administrative et les parents du mineur: l’entité qui sépare le mineur de la famille est proclamée, à son tour, comme entité protectrice du mineur. Dans la sphère judiciaire, les parents et l’entité sont des parties adverses, tandis que dans la sphère administrative ils doivent accéder aux mesures (en cas de non-respect, sanction avec réduction ou suspension des visites, etc.)

La confusion des rôles est aggravée par l’inégalité des parties: si les parents n’ont pas accès à une assistance juridique gratuite dans le processus de détresse administrative, l’entité protectrice n’a aucun contrôle externe (judiciaire) sur les mesures qu’elle met en œuvre.

Les statistiques montrent un fait alarmant: actuellement l’Espagne a 50.000 mineurs protégés par l’administration, tandis que l’opposition à med les arrivées par an n’atteignent même pas un demi-mille.

Le système de protection n’est pas invalide dans son intégralité, cependant, il doit être équipé d’instruments:

• Il est nécessaire de séparer l’enquête de la décision,
• une spécialisation dans le domaine de l’enfance et de la famille est nécessaire,
• une compétence appropriée en la matière est nécessaire,
• et l’efficacité du système est nécessaire avec une adaptation des temps de procédure aux temps d’évolution du mineur.

Cliquez ici pour accéder à l’enregistrement du Congrès et pour voir le discours complet de Silvia Giménez-Salinas.

SGS · ABOGADOS DE FAMILIA