Personas con discapacidad: de la protección al apoyo.

España ha tardado 13 años (los 3 primeros destinados a promulgar la ley de adaptación normativa, y los últimos 10 a través de reformas parciales) en adecuar íntegramente la legislación civil y procesal que afecta a los derechos de las personas con discapacidad, a la convención internacional de Nueva York de 2006 (artículo 13).

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Controversia entre progenitores en la vacunación de sus hijos menores frente a la COVID-19.

Sabíamos que la pandemia iba a repercutir en las familias en todos los ámbitos (crisis de convivencia, cambios de residencia, asistencia escolar, etc). Con la vacunación frente a la COVID-19, las controversias entre los progenitores no se hicieron esperar.

Con el comienzo del nuevo curso judicial llegó la primera resolución por la cual, el juez autorizaba al progenitor solicitante a vacunar a sus hijos.

Silvia Giménez-Salinas intervino el pasado martes 14 de septiembre en la emisora de radio Cadena Ser, con Josep Cuní, para analizar esta resolución, y el tipo de proceso.

No se trata de que el Juez ordene la vacunación, sino que el juez autoriza a uno de los progenitores para que lo haga, a petición del mismo.

Se trata de un procedimiento muy específico creado para controversias puntuales en el ejercicio de la patria potestad, en el que el progenitor interesado solicita del Juez la autorización para llevar a cabo una actuación que requiere el consentimiento de ambos progentores, cuando ostentan la patria potestad compartida.

En el caso en cuestión, el juez considera que no existen contraindicaciones en el perfil del menor para proceder a su vacunación, siendo más los riesgos en un posible contagio que en las posibilidades de padecer efectos secundarios de la vacunación. Esto no significa que en otros casos, en los que los menores padezcan alguna patología, la vacunación no sea recomendada.

Cada caso es diferente, y en derecho de familia, debe revisarse y valorarse el caso de forma particular.

Aquí el link de la intervención radiofónica.

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Controversy between parents regarding the vaccination of their children against COVID 19.

We knew that the pandemic was going to affect families in all areas (family coexistence crisis, changes of residence, school attendance, etc.). With the arrival of the vaccine against COVID-19, controversies between parents soon arose.

The new judicial year has begun, and along with it the first resolution regarding this matter has arrived: the judge authorized the requesting parent to vaccinate their children.

Silvia Giménez-Salinas analyzed this resolution and the type of judicial process on the Cadena Ser radio station last Tuesday, September 14th, on Josep Cuní´s program.

The resolution does not impose the vaccination of the child, but rather authorizes one of the parents to decide whether or not the child will or will not get vaccinated.

It is a very specific procedure created for precise disputes in the exercise of parental authority, in which the interested parent requests authorization from the Judge to carry out an action that requires the consent of both parents when they share parental authority.

In the mentioned resolution, the judge considers that there are no contraindications in the minor’s profile to proceed with his vaccination, because the risks of a possible contagion are more than the possibilities of suffering side effects of the vaccination. This does not mean that in other cases, in which the minors suffer from some previous pathology and vaccination is not recommended.

Every case is different in family law, and it must be revised and solved individually.

Click here to listen to the intervention.

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Controverse entre parents dans la vaccination de leurs enfants mineurs contre le COVID-19.

Nous savions que la pandémie allait affecter les familles dans tous les domaines (crise de cohabitation, changements de résidence, fréquentation scolaire, etc.). Avec la vaccination contre le COVID-19, les polémiques entre parents n’ont pas attendu.

Avec le début de la nouvelle année judiciaire, arrive la première résolution par laquelle le juge autorise le parent requérant à vacciner ses enfants.

Silvia Giménez-Salinas s’est entretenue sur la station de radio Cadena Ser mardi dernier, le 14 septembre, avec Josep Cuní, pour analyser cette résolution et le type de processus.

Il ne s’agit pas du juge ordonnant la vaccination, mais plutôt que le juge autorise l’un des parents à le faire, à la demande de celui-ci.

Il s’agit d’une procédure très spécifique créée pour des litiges spécifiques dans l’exercice de l’autorité parentale, dans laquelle le parent intéressé demande l’autorisation du juge pour accomplir une action qui requiert le consentement des deux parents, lorsqu’ils ont partagé l’autorité parentale.

En l’espèce, le juge considère qu’il n’y a pas de contre-indications dans le profil du mineur à procéder à sa vaccination, les risques d’une éventuelle contagion étant supérieurs aux possibilités de subir les effets secondaires de la vaccination. Cela ne signifie pas que dans d’autres cas, dans lesquels les mineurs souffrent d’une pathologie, la vaccination n’est pas recommandée.

Chaque cas est différent, et en droit de la famille, le cas doit être examiné et évalué d’une manière particulière.

Voici le lien de l’intervention radio.

¿Cómo proteger el derecho a percibir pensión de viudedad en parejas de hecho?

Las parejas de hecho tienen derecho a percibir una pensión de viudedad en caso de fallecimiento de uno de los miembros de la pareja. A diferencia del matrimonio (el reconocimiento a la pensión de viudedad está implícito), las parejas de hecho deben cumplir una serie de requisitos para su obtención.

De la misma manera que desde SGS aconsejamos a las parejas que van a contraer matrimonio, se asesoren conjunta o individualmente de la repercusión que el acto va a tener en sus vidas, es igual de aconsejable para aquellas parejas que pasan a formar una unión estable de pareja (unión formada por dos personas análoga a la marital sin contraer oficialmente matrimonio.

No hacerlo o incurrir en una de las causas de su extinción, puede marcar la diferencia entre tener derecho a percibir una pensión o no.

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Infancia y Adolescencia. La desprotección en un sistema de protección.

Ayer, jueves 15 de abril de 2021, el Congreso aprobó el Proyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia. Un texto que ha estado en debate y análisis por los profesionales del ámbito desde su publicación en el BOE en junio de 2020.

El pasado 26 de marzo de 2021 tuvo lugar el primer Congreso sobre Infancia y Adolescencia en el que intervino Silvia Giménez-Salinas con el fin de concienciar y dar visibilidad en todas las esferas acerca de la necesaria reforma del sistema de protección de la infancia.

A día de hoy, nuestro Estado sigue sin tratar al menor de edad (niños, niñas y adolescentes) como un sujeto de derecho, sino que lo sigue siendo tratado, erróneamente, como un objeto de protección.

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El impacto de la crisis COVID en las mujeres.

Al inicio de la pandemia realizamos un breve y preliminar análisis del impacto de la pandemia entre mujeres y hombres, basándonos en las dinámicas socioculturales y en los primeros datos evaluados por el Instituto de la mujer (lee el artículo completo aquí), y cómo repercutía ello directamente en la corresponsabilidad parental cuando éstos tienen hijos menores a su cargo.

A menos de un mes de finalizar el Estado de alarma en el que el país está sumido desde hace más de un año como consecuencia de la Pandemia COVID-19, los datos arrojan resultados que muestran una vez más que las mujeres están más afectadas por las crisis que los hombres, lo que las convierte en un colectivo más vulnerable.

Una conclusión que fue desarrollada por nuestra socia Silvia Giménez-Salinas en la VIII CUMBRE DE MUJERES JURISTAS DEL ICAM: “CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL Y PROFESIONAL, CORRESPONSABILIDAD PARENTAL: LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO ARMA DE CONCILIACIÓN”.

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La responsabilidad del profesional.

Hoy, 20 de noviembre, se celebra el Día Universal del Niño y se conmemoran los aniversarios de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos del Niño (1959) y la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño (1989).

Como en ediciones anteriores, este año hemos participado en la elaboración del informe que Aldeas Infantiles publica cada año en colaboración de la FAPE y del Consejo General de la Abogacía Española sobre el tratamiento de la infancia en los medios de comunicación 2019, cerrando nuestro círculo de análisis sobre los agentes que entran en juego en este tipo de publicaciones: el menor, los titulares de la responsabilidad parental y el periodista.

A continuación nuestro artículo, y aquí el vídeo de presentación del informe en el que participamos.

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¿Puedo exigir a mis hermanos el pago de la residencia de mi padre/madre?

Por lo general, cuando se trae un hijo al mundo, la madre y/o el padre son conscientes de sus deberes parentales y son capaces de cuidar a sus hijos hasta el final de su dependencia y principio de autonomía. Sin embargo, a la inversa no sucede con tanta habitualidad, y no siempre los hijos son conscientes de sus deberes como descendientes y por tanto, resulta curioso que entre varios no sean capaces de cuidar a su padre o madre desde el inicio de su dependencia y hasta el final de sus días.

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¿Las mascarillas y el gel son gastos extraordinarios?

Ya iniciado el curso en prácticamente todo el territorio nacional e internacional, y a casi todos los niveles, los protocolos de base están marcados: la mascarilla y gel hidroalcohólico son obligatorios. Este complemento escolar no ha estado ajeno a la polémica, por su coste (precio intervenido a nivel Estatal), por su porteo (tipos de mascarilla, forma de llevarla, protección,), etc… y la falta de previsión de control de la pandemia deja claro que forma parte de la “nueva normalidad”. Pero, ¿es un gasto ordinario o extraordinario?

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Excepción temporal en los criterios doctrinales para establecer una modificación de medidas como consecuencia de la pandemia COVID19.

Al inicio de la pandemia, analizamos en un artículo (click aquí), la poca viabilidad que existía para que prosperara una modificación de medidas como consecuencia de la crisis global generada por la pandemia, teniendo en cuenta los requisitos doctrinales establecidos hasta el momento.

El 30 de abril de 2020, se publicó el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, por el que se aprueba toda una serie de medidas excepcionales procesales entre las que se incluyen algunos procesos especiales temporales (desde el inicio del estado de alarma y hasta 3 meses después del levantamiento de la medida gubernamental) en el ámbito del derecho de familia relacionados con las consecuencias del COVID-19:

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El efecto rebote de los criterios orientadores de los Juzgados de familia respecto a las medidas del Estado de alarma (COVID-19).

Como ya hemos analizado anteriormente, el pasado 14 de marzo de 2020 se decretó el estado de alarma en todo el territorio nacional, y como consecuencia, entre otras, se decretó la suspensión de la actividad judicial, salvo para los procesos de medidas urgentes.

Desde entonces, los Juzgados de Barcelona, han emitido dos documentos de unificación de criterios acerca del ejercicio de custodia / estancias de los hijos de padres separados.

En un primer documento, de 18 de marzo de 2020, la recomendación era dejar en suspenso el régimen de estancias, con la indicación de que las ejecuciones por incumplimiento serían tramitadas por orden de llegada y a partir del levantamiento de la medida suspensiva de la actividad judicial decretada por el estado de alarma.

Uno de los objetivos principales de este documento, además de unificar el criterio entre todos los juzgados del mismo partido, era evitar un colapso en los juzgados derivado del aluvión de demandas de ejecución de sentencias ante la disparidad de interpretaciones de la medida de estado de alarma.

Sin embargo, la publicación de estos criterios, con el añadido del tratamiento que se les dio por parte de algunos medios de comunicación (alarmando aún más si cabe a los ciudadanos) consiguió precisamente el efecto contrario: progenitores que consideraban que debía cumplirse el régimen de estancias, interpusieron demandas ejecutivas con petición de medidas urgentes, frente al otro progenitor que en virtud de los citados criterios no daban cumplimiento al régimen.

Recientemente se ha publicado un Auto de fecha 25 de marzo de 2020, del Juzgado de 1ª Instancia nº 51 de Barcelona, que ejemplifica este efecto rebote, al que derivó la publicación de los primeros criterios y que refleja el motivo del cambio de criterios que posteriormente publicaron los mismos Juzgados el pasado 27 de marzo (con efectos retroactivos).

En el supuesto de hecho, el pasado 24 de marzo de 2020 un progenitor insta demanda ejecutiva por incumplimiento del otro progenitor que consideraba suspendido el régimen en base a los criterios publicados por los Juzgados, con petición de medidas urgentes para la restauración del sistema de relación paternofilial hasta que se tramite la ejecución.

La demanda de ejecución fue registrada, quedando en suspenso su tramitación hasta la finalización del estado de alarma, y se abrió pieza separada para resolver sobre la medida de intervención urgente.

El Juzgado resolvió el día 25 de marzo de 2020 inadmitiendo la medida urgente por considerar que lo solicitaba no tenía la consideración de medida urgente (para saber qué supuestos de medidas urgentes son tramitados en estado de alarma, clica aquí), sino de una ejecución a la que debía esperar su tramitación tras el estado de alarma. Lo curioso de la resolución es que, a la vez, se advierte al otro progenitor que un incumplimiento reiterado e injustificado puede derivar en la pérdida de custodia en virtud del artículo 776.3 de la LEC.

Dos días después de esta resolución, el 27 de marzo de 2020, los Juzgados de Barcelona emitieron nuevo documento unificando criterios con efectos retroactivos al 24 de marzo de 2020, por los que cambiaban la anterior directriz, y optaban por dar cumplimiento al régimen de estancias fijado judicialmente, siempre que no vulnerara las medidas globales del estado de alarma.

Como era de prever, los criterios del Juzgado no tuvieron el efecto administrativo deseado, sino al contrario, las demandas se duplicaron (ejecución + medidas urgentes), pero tampoco cumplió con la función responsable que representa estar al servicio del ciudadano. Ambos progenitores se han visto perjudicados: uno sin cumplir su régimen de estancias, y el otro sin defensa ante un incumplimiento llevado a cabo por un criterio judicial modificado a posteriori, con efectos retroactivos.

Ahora queda saber el resultado de la ejecución interpuesta que ya debe haber sido tramitada, conforme al levantamiento parcial de la suspensión judicial (para más información, clica aquí) y que sin duda no dejará de ser controvertida: la demanda fue interpuesta el 24 de marzo, bajo los criterios unificados de 18 de marzo que orientaban hacia una suspensión del régimen, pero que a su vez fueron modificados el 27 de marzo, con efectos retroactivos, precisamente al 24 de marzo…

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The rebound effect of the recommendations regarding the measures of the State of alarm (COVID-19) given by the Family Courts.

As we have previously analyzed, on the 14th of March, the State of Alarm was decreed throughout the national territory. As a consequence, a suspension of the judicial activity was established, except for urgent measures processes.

Since then, the Courts of Barcelona have issued two documents in which they aimed to unify criteria regarding the custody/stays/visitation regimens of children with separated parents.

In the first document released, dated March 18th, the recommendation was to suspend the stay regime, indicating that executions for non-compliance would be processed according to the order of presentation and once the suspension of judicial activity was resumed.

One of the main objectives of the publication of this document was to avoid a collapse in the courts, in addition to unifying the criteria among all the courts of the same location. The collapse of the courts was likely to happen as a consequence of the massive filing of execution processes because of the disparity of interpretations of measures established.

However, the publication of these criteria, in addition to the way the information was provided by the media (alarming citizens even more) the opposite effect was achieved. On the one hand, parents who considered that the stays needed to be respected filed executive procedures with a request for urgent measures. On the other hand, there were parents that, in application of the aforementioned criteria, refused to comply with the established regime.

The First Instance Court number 51 of Barcelona has ruled a resolution dated the 25th of March that perfectly exemplifies this rebound effect. The publication of the first recommendation is pointed out to be the reason for the rebound effect, and it reflects the very reason for the change of criteria the same Courts published on March 27 (with retroactive effect).

In the particular case of the ruling above mentioned, on the 24th of March one of the parents urged an executive claim against the other one, who refused to comply with the established regime, considering it was suspended, based on the criteria published by the Courts. The parent who presented the execution procedure requested urgent measures to restore the parental relationship system until execution was processed.

The filing of the execution was registered, but its processing was suspended until the end of the State of Alarm, and a separate piece was opened to resolve the urgent measure intervention.

On the 25th of March the Court ruled that the urgent measure was inadmissible, considering that the measure requested was not considered an urgent one (click here to know what cases of urgent measures are processed in a State of Alarm), instead, the execution procedure had to wait for its processing after the State of Alarm. The curious thing about the resolution is that it also warns the other parent of the fact that a repeated and unjustified breach can lead to loss of custody under article 776.3 of the Law of Civil Prosecution.

Two days after dictating this resolution, on the 27th of March, the Courts of Barcelona issued a new document unifying criteria with retroactive effect to the 24th of March. In this new document, the previous directive was changed by recommending complying with the judicially established stay regime (as long as complying with them did not violate the global measures set by the decree of the State of Alarm).

As expected, the criteria of the Court did not have the desired administrative effect, on the contrary: the lawsuits were doubled (execution + urgent measures), but neither did it fulfill the responsible function that being at the service of the citizen represents. Both parties (parents in this case) have been harmed: one without complying with their stay regime, and the other without defense against a breach carried out by a later modified judicial criterion, with retroactive effects.

Now the interposed execution is pending resolution, and it must have already been processed, in accordance with the partial lifting of the judicial suspension (click here for more information). It will certainly not cease to be controversial: the lawsuit was filed on March 24, under the unified criteria of the 18th of March that oriented parents towards a suspension of the regime, but which in turn were modified on the 27th of March, with retroactive effect, precisely to March 24. Only patient waiting will give us the answer….

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L’effet rebond des critères directeurs des tribunaux de la famille concernant les mesures de l’état d’alarme (COVID-19).

Comme nous l’avons analysé précédemment, le 14 mars 2020, l’état d’alarme a été décrété sur l’ensemble du territoire national, et en conséquence, entre autres, la suspension de l’activité judiciaire a été décrétée, sauf pour les processus de mesures urgentes.

Depuis lors, les tribunaux de Barcelone ont publié deux documents pour unifier les critères concernant la garde / le séjour des enfants de parents séparés.

Dans un premier document, daté du 18 mars 2020, la recommandation était de suspendre le régime de garde / visite, indiquant que les exécutions pour non-respect de la garde seraient traitées selon le principe du premier arrivé, premier servi et dès la levée de la mesure de suspension. de l’activité judiciaire décrétée par l’état d’alerte.

L’un des principaux objectifs de ce document, en plus d’unifier les critères entre tous les tribunaux d’un même parti, était d’éviter un effondrement des tribunaux résultant du déluge de demandes d’exécution de peines en raison de la disparité des interprétations de la mesure du statut d’alarme. .

Cependant, la publication de ces critères, avec l’ajout du traitement accordé par certains médias (alarmant encore plus les citoyens) a précisément eu l’effet inverse: les parents qui voulaient continuer avec le système ordinaire de garde à vue, ils ont présenté demande exécutive avec des mesures urgentes, contre l’autre parent qui, en vertu des critères susmentionnés, ne respectait pas le régime.

Récemment, le Tribunal de première instance n ° 51 de Barcelone a rendu une ordonnance, datée du 25 mars 2020, qui illustre cet effet de rebond, à laquelle dérive la publication des premiers critères et qui reflète la raison du changement de critères qui, plus tard, les mêmes tribunaux ont publié le 27 mars (avec effet rétroactif).

L’hypothèse factuelle: le 24 mars 2020, un parent a déposé une plainte pour violation du système de garde par l’autre parent qui a considéré le régime suspendu sur la base des critères publiés par les tribunaux, demandant des mesures urgentes pour la restauration du système de relation parent-enfant jusqu’à ce que l’exécution soit traitée.

La demande d’exécution a été enregistrée, en attente jusqu’à la fin de l’état d’alarme, et une pièce distincte a été ouverte pour résoudre la mesure d’intervention urgente.

Le 25 mars 2020, la Cour a déclaré la mesure urgente irrecevable, considérant que les conditions n’étaient pas remplies (pour savoir quels cas de mesures urgentes sont traités en état d’alerte, cliquez ici). Elle considérait qu’il s’agissait d’une exécution et qu’en tant que telle, elle devait attendre son traitement après l’état d’alarme. Ce qui est curieux au sujet de la résolution, c’est qu’en même temps, l’autre parent est averti qu’une violation répétée et injustifiée peut entraîner la perte de la garde en vertu de l’article 776.3 de la LEC.

Deux jours après cette résolution, le 27 mars 2020, les tribunaux de Barcelone ont publié un nouveau document unifiant les critères avec effet rétroactif au 24 mars 2020, par lequel ils ont modifié la directive précédente, et ont choisi de se conformer au régime de garde fixé à l’origine judiciairement, à condition qu’il ne viole pas les mesures globales de l’état d’alarme.

Comme prévu, les critères de la Cour n’ont pas eu l’effet administratif souhaité, au contraire, les demandes ont été doublées (exécution + mesures urgentes), mais elles n’ont pas non plus rempli la fonction responsable que représente la mise au service du citoyen. Les deux parents ont été lésés: l’un sans bénéficier de son régime de séjour, et l’autre sans défense pour une infraction commise par un critère judiciaire modifié ultérieurement, avec des effets rétroactifs.

Maintenant, il ne reste plus qu’à connaître le résultat de l’exécution interposée qui doit déjà être en cours, conformément à la levée partielle de la suspension judiciaire (pour plus d’informations, cliquez ici) et qui sans aucun doute ne cessera pas d’être controversée: le procès a été déposé le 24 Mars, selon les critères unifiés du 18 mars qui s’orientaient vers une suspension du régime, mais qui à leur tour ont été modifiés le 27 mars, avec effet rétroactif, précisément au 24 mars