EN TORNO A LAS REDES SOCIALES Y LOS NIÑOS.

Estos días, ocupan las noticias las fotos de Francisco Rivera y su hija de 5 meses, toreando.

El padre afirma que la costumbre en su familia ha sido siempre la misma y no entiende el revuelo organizado, pues en momento alguno ha puesto en peligro a su hija.

La primera reflexión es la referencia a la costumbre y a la tradición. Si bien el respeto a la tradición familiar es recomendable, lo cierto es que el paso del tiempo convierte ciertas tradiciones en obsoletas y anticuadas respecto del tiempo que se iniciaron. La sociedad no es la misma hace 40 años que en la actualidad y las percepciones sobre lo que es o no admisible son distintas.

Hace 40 años, cuando él se fotografió con su padre, los derechos de los menores eran inexistentes; no existía la Convención de Derechos del Niño; no existía la Ley Orgánica 1/96 ni tan siquiera existía la percepción social que el niño era un sujeto independiente de sus padres y no patrimonio de los mismos. Lo que sucedía en casa, quedaba en casa y por tanto, nadie debía intervenir en las relaciones de los padres con sus hijos.

Hoy, sabemos que nuestra sociedad no es así; las familias pueden ser analizadas e intervenidas si se considera que ejercen inadecuadamente sus funciones parentales. Tenemos muchísimos ejemplos de intervención de los organismos de protección, en mi opinión exagerados, pero reales. Nadie es ajeno a dichos controles.

La segunda, es la publicidad de una conducta familiar. El padre, como muchos en la actualidad, cree que debe exponer ante la opinión pública la relación con su hija, y él mismo la cuelga en internet. Por tanto, es obvio que no desea que sus actos queden en la intimidad familiar, sino que desea publicarlos. Y este riesgo, conlleva evidentemente, que su actitud sea opinable por todo el mundo.

Y finalmente, un bebé de cinco meses, frente a un animal que puede revolverse, por mucha pericia que disponga el padre, es una actitud, como mínimo, imprudente y expuesta a un sobresalto inesperado. Igual pasaría si el padre se la llevara de excursión al Pico Aneto (expuestos a una ventisca o nieve) o cualquier actividad que pueda situar al padre en una situación imprevista y no deseada.

La prudencia es una virtud y debe extremarse cuando se tienen hijos menores. Sin embargo, los límites de intervención pública deben ser proporcionales y adecuados al ser éstos realizados con recursos públicos y deben ser siempre respetuosos con la intimidad familiar y las culturas propias de cada familia. Probablemente, lo que está viviendo estos días le dará que pensar para el futuro.

21 DE ENERO, DÍA EUROPEO DE LA MEDIACIÓN

Ana trabaja en un negocio familiar de tintorerías. Conoce a Juan e inician una relación sentimental. Poco a poco, éste empieza a trabajar para el negocio, con gran ímpetu y buenas ideas. Las tintorerías comienzan a incrementar la facturación y se compran nuevos materiales y nuevas máquinas que permiten trabajar más y mejor. Son jornadas, para ambos, de 14 horas diarias.

Tras 15 años de relación, Ana decide la separación y solicita a Juan que se marche de la vivienda familiar y del negocio, pues tiene una nueva pareja y está embarazada. Sus prioridades han cambiado.

Sin embargo, durante todos estos años, los créditos de las tintorerías que habían contraído con anterioridad fueron pagados. Los préstamos para inversión también y Juan, es el autor de la buena marcha del negocio. Juan se niega a salir del negocio, pues lo considera suyo. De hecho, la madre de Ana le transmitió la titularidad del mismo con el fin de evitarse pagar los créditos que pesaban sobre el negocio y desde entonces, se han ido amortizando en su totalidad. Ana se ha limitado a trabajar a las órdenes de Juan, durante estos 15 años, pero el auténtico empresario ha sido Juan.

Ana interpone una demanda de divorcio y solicita la entrega del negocio o bien una indemnización de 600.000 euros. Juan se considera injustamente tratado, pues es él quien ha realizado los cambios necesarios en el negocio para que ahora sea próspero y no es él quien decide separarse; se le imponen las decisiones y no lo acepta.

La mediación permitirá que Ana entienda el trabajo de Juan durante 15 años, más allá de la titularidad del negocio y Juan podrá entender que la separación de Ana no es un castigo para él sino una decisión personal de vida, sin culpabilidades.

La mediación permitirá este espacio necesario para que ambos entiendan la posición del otro, se pongan en su lugar y busquen la alternativa menos dolorosa ; la que ellos encuentren, no la que pueda imponerles un tercero, que nada sabe de sentimientos ni de opiniones, sino que únicamente atiende al conflicto legal y no al real y personal entre ellos.

EN TORNO A LA CUSTODIA COMPARTIDA.

Cuando los padres viven juntos, toman decisiones que afectan a sus hijos y ninguno de ellos es consciente si tales decisiones afectan a la guarda (custodia) o afectan a la responsabilidad parental (patria potestad).

Sólo cuando los padres se separan, empieza a cobrar importancia quién toma estas decisiones y quién no; cuándo se deben compartir y cuándo no; si los niños no acuden a la guardería en tiempo lectivo; si se acude a un especialista para ocuparse de algún punto en concreto del menor o no; si quiere el menor estudiar guitarra o piano; si debe ir o no a ciertas colonias…

Supuestamente son decisiones de poca trascendencia en la vida del menor, pero resultan absolutamente conflictivas en muchos de los progenitores separados, pues existe la tendencia a creer que el progenitor que las decide y adopta significa que prescinde del otro al que se considera progenitor de segunda; progenitor de “visitas”.

El progenitor que no ha sido consultado, se siente discriminado y por ello suele oponerse a la decisión, básicamente por el simple hecho de no haber sido consultado lo que le hace pensar que no se le tiene en cuenta en su calidad de padre o madre y no porque al menor le afecte sustancialmente.

La guarda compartida, trata de igualar “el rango” de los dos progenitores respecto de las decisiones de la vida del niño. No es tanto, la igualdad en el tiempo de convivencia con los niños (no es necesario el 50% con cada uno) sino que los dos progenitores están obligados a consultarse la totalidad de las decisiones de la vida del niño, sin que ninguno se halle por encima del otro.

Si, teóricamente, ello daría lugar a una situación de igualdad, la práctica habitual es que la guarda compartida se convierta en dos guardas individuales; cada progenitor hace lo que estima por conveniente en su tiempo de guarda sin verse en la obligación de consultarse ni comunicarse absolutamente nada. En contrapartida, el niño, vive dos vidas distintas, sin conexión, en cada casa, pues los dos se consideran iguales para decidir en “su tiempo” lo que consideran conveniente.

Lo que trataba de evitarse con la guarda compartida se convierte, en muchos casos, en mayores conflictos.

Por ello, somos partidarias de que la guarda compartida puede ser muy beneficiosa en menores con cierta edad y con cierta comunicación entre los padres. Pero, si la relación entre los padres es difícil y complicada, en beneficio del menor, podría ser más conveniente tener la guarda compartida de forma alterna, pues al final, como en todo equipo, alguien debe dirigir la organización para que todo siga su curso en armonía y sincronización.

¿Por qué generan problemas las vacaciones escolares de Navidad en padres separados?

Estos días hemos asistido a un cúmulo de peticiones acerca de la interpretación adecuada de las sentencias en relación a las vacaciones escolares de los hijos de padres separados. En este curso 2015/2016, los escolares finalizaron el primer trimestre el día 22 de diciembre y no han regresado a las aulas hasta el día 11 de enero.

En la mayoría de las sentencias e incluso de los convenios homologados, se concreta que las vacaciones escolares se dividirán por mitad, desde el último día de vacaciones escolares hasta el inmediato anterior al inicio de la escuela, sin indicar un día fijo de intercambio. En otras resoluciones, además de indicarse un reparto por mitad, se especifica un día y hora como intermedio para el intercambio.

El primer tipo de resoluciones, en el que no se fija el día de intercambio, obliga a los padres a contar los días de vacaciones y dividirlos por mitad entre ambos; a uno le corresponde el primer período y al otro, el segundo. Sin embargo, el cálculo matemático no es idéntico cada año y puede resultar contra el sentido común. La filosofía de dividir por mitad los períodos navideños, es que los hijos puedan disfrutar las festividades importantes de forma paritaria con ambos progenitores, es decir, disfrutar de los días de Navidad con uno, y fin de año y Reyes con otro.

Pero la matemática puede darnos, como este año, situaciones absurdas, como que el día de intercambio exacto pueda resultar el día 1 de Enero, a las 10 de la mañana, con el consiguiente perjuicio para los hijos, que no podrán disfrutar con tranquilidad, ni con uno ni con otro, el fin de año; y el día 1 de Enero, convertido en día conflictivo de intercambio y además, cortos de sueño.

Otro problema añadido este año, en puro cálculo matemático, resulta del viernes día 8 de Enero, día de libre elección en la mayoría de los centros escolares y puede, según se interprete, no computar como período de vacaciones de Navidad, de tal forma que las vacaciones navideñas habrían finalizado el jueves día 7 de Enero.

Este año, las consultas y negociaciones respecto de un solo día, han dado resultados diversos en cada caso; en unos, se ha obligado a la entrega el día 1 de Enero a las 10 de la mañana; en otros, el jueves día 7 debían finalizar sus vacaciones y empezar el turno de fines de semana alternos, lo que implica que incluso se planteaban los cambios de los niños en la escuela el lunes por la mañana (lo que implica tener que dejar en una de las viviendas la totalidad de los juguetes de reyes y no poder realizar el intercambio en el domicilio correspondiente).

Parece que lo más razonable, sería introducir cambios en las sentencias y convenios, con el fin de apoyar siempre la filosofía mencionada, de festividades concretas en los dos períodos y olvidarse del cálculo matemático exacto de las mitades y de las horas. Pero especial atención deberían prestar los progenitores a permitir que los niños puedan disfrutar estos días festivos sin alteraciones bruscas y permitiendo que los cambios sean a horarios y días razonables; las sentencias jamás atenderán la casuística anual de las vacaciones navideñas y por tanto, parece razonable que el pacto entre progenitores permita que los períodos navideños correspondan alternativamente, un año los días de Navidad y al siguiente fin de año y reyes, pero parece que los padres prefieren las interpretaciones matemáticas, cuando les beneficia, que las lecturas de coherencia y de filosofía de vida.

Parece que unas horas más o menos con los hijos, deviene en lucha interpretativa, cuando lo realmente importante es comprender que son días mágicos para los hijos y permitir que los disfruten con uno o con otro, sin tensiones ni exigencias de horarios concretos.

Esperamos que las próximas vacaciones de Navidad, coincidan en número de días, los dos periodos. En cualquier caso, es difícil si no se antepone el beneficio de los niños, como primera cuestión.

DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

 

Hoy es el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, este día fue declarado por la Asamblea General de Naciones Unidas mediante la resolución 54/134 el pasado 17 de diciembre de 1999.

Desde Naciones Unidas se invita a los gobiernos, las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales a desarrollar los mecanismos que sean necesarios para sensibilizar a la opinión pública respecto al problema de la violencia contra la mujer.

Desde España, a través de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género se procedió a la creación de Juzgados de Violencia sobre la mujer, entre otras medidas y en concreto, para garantizar un tratamiento adecuado y eficaz de la situación jurídica, familiar y social de las víctimas de violencia sobre la mujer en las relaciones intrafamiliares.

Durante todo este tiempo, en términos cuantitativos ¿podríamos afirmar que la ley es eficaz en la lucha contra la violencia hacia la mujer?

Sinceramente, los resultados puramente numéricos no lo afirman. Es más, los datos y cifras nos indican que los asesinatos no han disminuido; que las mujeres solo denuncian en un 8% de los casos y que la mayoría de situaciones llegan a los juzgados a través de los atestados judiciales.

En definitiva; ni ha sido el instrumento idóneo para erradicar los asesinatos de mujeres ni parece que la última reforma vaya en este camino, a pesar de que algo positivo encontramos al unir, en concepto de víctimas de este tipo de delitos a las mujeres y a los niños en los mismos juzgados.

Es más, me atrevería a decir que según los datos, la ley no ha hecho que las mujeres denuncien más, y sí que personas ajenas a las mujeres, denuncien las vejaciones y la violencia ejercida sobre ellas. Y yo me pregunto: ¿estas mujeres necesitan ser protegidas de sí mismas?

¿Volvemos a conceptos de protección de la mujer, como objeto de derechos y no como sujeto de derechos con plena capacidad de obrar?

No debemos sustituir la capacidad de obrar de las mujeres, que no quieren denunciar, porque no quieren el divorcio o la separación, pese a los malos tratos. Lo que debería hacer la sociedad y en especial, los gobernantes, es dedicar todos los esfuerzos a la información previa a la vía judicial y a las consecuencias del proceso judicial.

Las mujeres son plenamente capaces de conducir sus destinos; lo único es que en momentos de presión, en situaciones de imposibilidad de reacción por el sometimiento constante a violencia, las mujeres deben recibir asistencia jurídica, conocimiento y ayuda, pero el juzgado no es la vía oportuna sin la correspondiente información previa de todas sus consecuencias.

El asesoramiento jurídico sobre todas las consecuencias, es el paso previo para poder asumir después el proceso judicial y la propia separación. Debemos ayudar a las mujeres a tener información y a poder elegir una vida para ella y para sus hijos, sin violencia, pero para ello, el conocimiento es esencial. Deben sentirse fuertes y para ello, además del alejamiento debe existir el conocimiento de que ello supone el fin de la relación de convivencia; debe entenderse que una vida de convivencia, con violencia, debe cortarse ya no sólo por uno mismo, sino muy especialmente, también por los hijos y su crecimiento.

La Ley fue un avance en el momento en el que fue promulgada. Ahora, el impulso debe estar en el asesoramiento jurídico y psicológico previo. La lucha contra la violencia a la mujer, se ganará en el fortalecimiento de la mujer para hacerle frente y la justicia no es el instrumento oportuno para ello sino la educación, la información y la psicología. 

 

 

DÍA UNIVERSAL DE LA INFANCIA (PARTE I)

Hoy es el día universal de la infancia.  El 20 de noviembre de 1959 se firmó la Declaración universal de los derechos del niño y en la misma fecha pero 30 años después en 1989, se adoptó la Convención de los derechos del niño, por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Gracias a estos instrumentos los derechos de los niños poco a poco han ido encontrando un espacio de garantía y protección.

La protección a la infancia es un elemento esencial en nuestra sociedad, pues los derechos de los niños que preservemos hoy, constituyen nuestra inversión a futuro más importante.

En España, conforme a sus compromisos adoptados internacionalmente, y con base a los principios del Derecho que la caracterizan se dispone de una Ley estatal de protección del menor del año 1996 y a partir de la cual las Comunidades Autónomas, con las competencias que les han sido atribuidas correspondientemente han elaborado sus propias leyes (en Cataluña la Ley de los Derechos y Oportunidades de la Infancia y la Adolescencia data de 27 de mayo de 2010).

Ahora, la Ley de 1996, tras casi 20 años de su promulgación, ha sido recientemente reformada por la Ley Orgánica 8/2015 y la Ley 26/2015, ambas de modificación del sistema de protección “a la infancia y a la adolescencia”.

A lo largo de estos años, y según los preceptos antes mencionados se han ido perfilando los conceptos y elementos relevantes en el ámbito de la protección del menor, como por ejemplo la descripción de los elementos que se consideran constitutivos de una situación de riesgo o de desamparo.

El elemento más innovador y necesario que nuestra legislación necesitaba es la inclusión de forma expresa del concepto del “interés del menor” por parte de la Ley Orgánica 8/2015. Un concepto universal que ha sido empleado por la Jurisprudencia de forma reiterada y pacífica pero que no gozaba de una descripción y contenido legislado, y por tanto que quedaba en un concepto a veces “virtual” a la hora de emplearlo.

Relacionado directamente con el interés del menor, e incluido de forma expresa dentro de su contenido por la reforma de la Ley Orgánica 8/2015, está la preservación del mantenimiento de las relaciones familiares, siempre que sea posible y positivo para el menor (para los supuestos en los que el menor hubiera sido separado de su núcleo familiar).

Y es que proteger al menor no solamente es aislarlo del peligro, sino que con ello, preservar sus derechos y proporcionarle una formación integral que le prepare para la vida, para su vida. Por ello, la protección debe combinar la preservación de todos sus derechos: Aislarlo del peligro no siempre conlleva aislarlo de su entorno (siempre que no sea nocivo), sin más.

En la mayoría de casos en los que el menor es separado del núcleo familiar por posible desamparo, pero no se descarta el retorno del mismo con su familia, según la evolución de ésta desde que se adopta la medida, la protección queda descompensada.

De forma práctica, el menor pasa a residir con su familia extensa, con una familia de acogida o bien a un centro residencial (protección = el menor es apartado del supuesto peligro que suponía permanecer en el núcleo familiar). Al no descartarse el retorno del menor con su familia, ni considerarse nocivo el mantenimiento de sus relaciones familiares, estas deben preservarse. La descompensación aparece con las carencias de la Administración (por falta de medios o por falta de individualización de los casos) a la hora de proteger este derecho del menor, contemplado en su interés superior, y del que por ostentar su tutela, es responsable.

En la mayoría de los casos, la medida no se acompaña de un plan de trabajo que guie a las familias hacia una reintegración, quedando a expensas de las indicaciones de la Administración sin una hoja de ruta fijada; estableciéndose un régimen de visitas de 1 hora semanal o quincenal entre padres e hijo, claramente insuficiente para la preservación de las relaciones familiares, y poco enfocados a esa reintegración familiar.

La reforma, esta vez la efectuada en la Ley 26/2015, establece que la Entidad Administrativa deberá elaborar un plan individual de protección en el que se incluirá un programa de reintegración familiar (cuando ésta sea posible). En base a este programa, que deberá ser coherente y motivado, el interés superior del menor de preservar sus relaciones familiares se verá garantizado y las familias tendrán una hoja de ruta que les motive a conseguir la reintegración familiar, pero lo que es más importante, de forma individualizada para cada caso.

En este sentido, el preámbulo de la citada Ley destaca el principio de la prioridad de la familia de origen, a través de la situación de riesgo con medidas de atención en la propia familia; y es que es esencial que la Entidad Administrativa elabore un exhaustivo estudio previo a la hora de detectar la situación de desprotección del menor y aplicar un plan individualizado que logre un resultado óptimo para el menor.

Con estas reformas podemos comprobar que el Legislador apuesta por la prevención y la reintegración, algo necesario y básico para prevenir la desprotección.

LA NUEVA LEY DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA

Iniciamos hoy una serie de reflexiones acerca de las perspectivas novedosas en materia de familia que aporta la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria, Ley 15/2015 de 2 de julio.

La entrada en vigor de esta Ley ha permitido a los matrimonios sin hijos, o con hijos mayores de edad, acudir al notario de su domicilio para la aprobación de su convenio de divorcio. Ya no es necesario, por tanto, acudir a un juez con el fin que autorice el divorcio. Esta es una opción que otorga el sistema público de Justicia para facilitar nuevas vías al ciudadano, puesto que éste puede ahora elegir qué funcionario público debe formalizar sus pactos de divorcio, bien el notario, bien el letrado de justicia (anterior secretario judicial).

Ahora bien, siempre deberá constar que han estado debidamente asesorados por abogado y que conocen los pactos a los que han llegado y sus consecuencias jurídicas. ¿Cuántas veces hemos oído cómo las personas, al cabo de un tiempo de firmar sus acuerdos de divorcio, se arrepienten de lo firmado? Esta situación debe y puede evitarse con un buen asesoramiento previo. No es una deslealtad consultar, todo lo contrario. Hay que firmar aquello que entendemos, conocemos y queremos, pero muy especialmente, los acuerdos que regirán el resto de nuestras vidas.

Esta nueva ley otorga, por tanto, posibilidades de acudir a otras vías, además de la judicial, para aprobar los pactos de divorcio. Pero lo cierto es que, la resolución del conflicto familiar sigue residiendo en el juzgado y en el juez, como elemento principal de decisión. Siempre que exista conflicto y en todo caso, siempre que existan menores de edad, haya o no conflicto, la única vía posible, es el juez.

Esta nueva Ley permite también celebrar matrimonios ante el notario del domicilio, lo que era, hasta la fecha, una función reservada al ámbito judicial.

Es importante tener en cuenta que el Derecho de Familia regula aspectos esenciales de la vida de las personas, que nos pueden parecer sencillos, pero no es así. Y pondremos un ejemplo; ¿Qué sucede en el supuesto de celebración de un matrimonio ante un funcionario equivocado, es decir, con falta de competencia territorial? ¿Será nulo?

Esta ley no será ajena a la sociedad, como en otras ocasiones, en las que las novedades introducidas sólo afectan a los profesionales del mundo de la Justicia. El hecho que casarse, divorciarse y otras muchas situaciones que hasta ahora requerían de intervención judicial puedan realizarse ante notario, supone un cambio en las estructuras sociales y en la percepción del ciudadano, que dispone de una opción que le dibuja un nuevo escenario para actos de la vida cotidiana.

EL SECUESTRO INTERNACIONAL DE MENORES

La semana pasada finalizaron para la mayoría de familias las vacaciones de verano y empezamos un nuevo curso escolar. Para las madres y padres separados o divorciados ello supone la finalización del periodo de régimen especial de estancias de vacaciones y la vuelta al régimen ordinario de estancias.

¿Qué sucede cuando el menor no regresa al domicilio donde debe seguirse el régimen ordinario? En particular, cuando se trata de parejas mixtas en las que uno de los progenitores no es español y el hijo menor se va de vacaciones al país de origen de uno de los progenitores, país que no es el de su residencia habitual. Estamos ante un supuesto de Secuestro Internacional de Menores.

En el Secuestro Internacional de Menores uno de los progenitores utiliza la apariencia legal del régimen especial de estancias de vacaciones para alejar al menor del otro progenitor y no devolverlo al país que constituye su residencia habitual, que pasa a convertirse en el estado requirente, frente al país en el que inicialmente el menor se encontraba de vacaciones, que pasa a ser el estado requerido.

Llegados a este punto, en el que la situación de Secuestro Internacional de un menor es ya una realidad, debe solicitarse ayuda y acudir a un profesional que conozca las vías de retorno de menores en la utilización del Convenio de la Haya de 1980. Con la ayuda de éste se requerirá el retorno del menor a su lugar de residencia habitual inmediatamente anterior a su desplazamiento en nombre del estado requirente al estado requerido, iniciándose así un proceso que decidirá dónde debe estar el menor.

LA GUARDA Y CUSTODIA COMPARTIDA

El Instituto Nacional de Estadística proporcionaba en 2013 los siguientes datos en relación al porcentaje de familias a las que, tras vivir un proceso de separación o divorcio, se les otorgaba una guarda y custodia compartida de los hijos: un 17,9% frente al 76,2% de casos en los que dicha guarda y custodia se atribuye y por tanto, se ejerce, por parte de la madre. Sólo en un 5,5% de los casos se atribuye al padre.

Si bien el artículo 66 del CC dispone que los cónyuges son iguales en derechos y deberes, y según el artículo 92 del mismo texto legal, la separación o divorcio no exime a los padres de sus obligaciones con los hijos, la realidad reflejada a través de los datos citados, presenta una situación bien distinta. En la práctica, en la gran mayoría de casos, la guarda y custodia compartida, que no solo es la mejor opción para el menor, sino que hace posible que padre y madre reconstruyan sus vidas en un plano de igualdad, no es la opción mayoritaria.

Debe aclararse que la guarda compartida no supone una distribución de las estancias paterno-filiales al 50%. Lo más recomendable es que se establezca una distribución de estancias ponderada a la situación a la que venía acostumbrada la familia antes de la crisis.

Así, el Codi Civil de Catalunya, pionero en la guarda compartida y corresponsabilidad parental establece una serie de criterios orientadores para el establecimiento del tipo de guarda (Art. 233-11). Si bien recomienda y es propulsor de la guarda compartida, en su articulado no distingue el tipo de guarda, sino que a través de estos criterios la misma quedará definida, siempre partiendo de una corresponsabilidad parental.

La guarda y custodia compartida hace posible que padres y madres afronten la vida después de la separación o divorcio con iguales derechos y obligaciones con respecto a sus hijos, evitando la común situación en la que mientras el padre rehace su vida con normalidad disfrutando, en algunos casos, de una segunda soltería con todo lo que ello implica (libertad de horarios y compromisos familiares para con sus hijos); la madre asume todo el peso de educar prácticamente en solitario, exceptuando el régimen de visitas establecido.

Podemos entender que, en algunos casos, por razón de la actividad profesional que desarrolle uno de los progenitores, la custodia compartida no sea una opción viable, pero pensamos también que sigue siendo la mejor opción en interés de todos: de padre y madre por las razones expuestas y, sobre todo, en interés del menor, al permitirle crecer en un entorno más estable en el que ambas figuras, la materna y la paterna, están presentes y asumen la responsabilidad de ayudar a sus hijos en el proceso de convertirse en adultos y, por tanto, en personas maduras e independientes.

Otro día hablaremos acerca de si resulta mejorable el criterio de la guarda compartida con carácter general y si es conveniente en edades muy tempranas, con bebes y niños que no saben ni sus necesidades y con padres y madres que no son capaces de transmitirse entre ellos con serenidad las cuestiones de orden doméstico.

CONCILIAR NO ES RENUNCIAR

El artículo 16.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce a hombres y mujeres el derecho a contraer matrimonio y a fundar una familia, así como declara también la igualdad antes del matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Este texto, de 1948, dibuja el ejercicio de unos derechos que, aún en el primer mundo, no está exento de dificultades.

Nuestra legislación prevé algunas medidas para conciliar la vida personal, familiar y profesional, como pueden ser la baja de maternidad y/o paternidad o el derecho a optar a una reducción de jornada por la guarda legal de un menor. Todo ello, teóricamente, sin menoscabo de la promoción profesional. Decimos teóricamente, porque habría que preguntarse:

¿Son efectivas estas medidas? ¿De verdad cumplen su cometido de permitir que madres y padres, casados o separados, puedan conciliar su vida familiar y profesional en un plano de igualdad? ¿o quizás, están solo teóricamente al hilo de lo establecido en el artículo 16 de la DUDH?

Si hacemos el ejercicio de extraer conclusiones en base a los datos que nos proporciona el Instituto Nacional de Estadística, solo el 2,1% de los hombres solicita reducción de jornada por guarda legal de un menor de 12 años, frente el 21,1% de las mujeres. En nuestra opinión, hay todavía mucho camino por recorrer, puesto que probablemente esa diferencia de casi 20 puntos entre los índices correspondientes a hombres y mujeres se deba a que a pesar del espíritu del artículo 16 de la DUDH, la reducción de jornada junto con la mayoría de las medidas para la conciliación familiar previstas, sí se acaban traduciendo en una renuncia a la asunción de nuevas responsabilidades y retos profesionales. La conciliación podría ser posible si dichas medidas se inspiraran más en la flexibilidad de horarios y tareas para que hombres y mujeres pudieran ocuparse de su familia y menos en la renuncia a las metas profesionales.

I Simposi sobre els criteris d’actuació de les Administracions Públiques, el Ministeri Fiscal i els Òrgans Jurisdiccionals davant la protecció a la infància i a l’adolescència

Ayer se celebró el I Simposi sobre els criteris d’actuació de les Administracions Públiques, el Ministeri Fiscal i els Òrgans Jurisdiccionals davant la protecció a la infància i a l’adolescència en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UB. Silvia Giménez-Salinas participó en calidad de Presidenta del Grup de Treball sobre Garanties Jurídiques i Drets en els procediments de Protecció de la infància i l’adolescència de Catalunya en el marc del Pacte Nacional per la infància a través de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya.

En este I simposium, se han dividido los profesionales intervinientes en 4 grupos de trabajo que han planteado cuestiones sobre fondo y forma en las distintas modalidades y especialmente han expresado la voluntad de continuar trabajando en la hoja de ruta que supone la LDOIA (14/ 2010) en relación a los siguientes temas:

  • la ruptura familiar y la actividad administrativa de protección;
  • los aspectos jurisdiccionales: control administrativo y control judicial;
  • el marco normativo para la protección de menores en CRAE/CREI;
  • propuestas normativas.

Como propuesta más significativa destacaríamos el acceso real de las familias, por un lado, al expediente administrativo para formular alegaciones y presentar pruebas, antes de que se dicte la resolución de desamparo y por otro lado, la necesidad de asistencia jurídica desde el inicio del expediente administrativo, con el fin que el proceso administrativo de protección se dote de las garantías jurídicas necesarias para equilibrar los derechos y los deberes de las personas sometidas a este tipo de procedimientos administrativos de análisis de las capacidades educativas respecto de sus hijos, que pueden finalizar en una resolución administrativa de desamparo y la separación del núcleo familiar.

La conclusión a la que han llegado todos los grupos de trabajo ha sido unánime: queda mucho trabajo por hacer dentro de la protección a la infancia y a la adolescencia, trabajo que debe hacerse desde un plano basado en la información compartida entre todos los organismos intervinientes y en especial, la comprensión que el derecho debe acompañar a todos los procesos y no ser detectado como un obstáculo. Para ello, es esencial que el mundo de la protección entienda y comprenda el lenguaje jurídico y las formas de la justicia así como ésta debe comprender el lenguaje de otras disciplinas.

Nota: La Taula Nacional de la Infància de Catalunya se enmarca legalmente dentro del ámbito competencial establecido por el artículo 166 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que determina que corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de servicios sociales, de menores y de promoción de las familias y de la infancia y la adolescencia.

El Día Internacional de la Familia

El pasado viernes, día 15 de mayo de 2015, se celebró el Día Internacional de la Familia; declarado en el año 1994.

El Lema del presente año es: ¿Los hombres a cargo? Igualdad de género y derechos de los niños en las familias contemporáneas.

A lo largo de los últimos 35 años el derecho de familia ha evolucionado de manera asombrosa: desde la revolución que supuso la admisión del divorcio en 1981 hasta la adopción de nuevos conceptos de familia como la conocemos hoy: familias mixtas, familias monoparentales, familias reconstituidas…

Esta evolución ha repercutido en la legislación habiendo vivido en este tiempo diversas reformas que intentan adaptarse a los nuevos tiempos, cada vez más defensores de los derechos fundamentales de las personas, la igualdad de género y la lucha contra la discriminación; apareciendo nuevas figuras jurídicas que, en la actualidad, ya son una realidad: unión estable de pareja, matrimonio entre personas del mismo sexo y la corresponsabilidad parental.

La Asamblea General de la ONU fijó esta efeméride con la voluntad de reconocer la importancia de esta institución dentro de nuestra sociedad, y su celebración se utiliza para dar a conocer las situaciones económicas, sociales y también culturales que rodean a la familia.

SGS nace a partir de la experiencia de más de 25 años apostando por la aproximación a los Tribunales de la realidad de la familia, entendida en todas sus formas; adaptando los nuevos modelos de sociedad a la legislación actual. Porque todo lo que es una realidad, debe tener su regulación.