En los últimos tiempos son cada vez más recurrentes las noticias que destapan el funcionamiento anómalo de la administración en materia de protección de la infancia y la adolescencia. Hace unos días en el diario El País se publicaba la noticia acerca de la polémica entre la denuncia de abogados y familia por las retiradas ex lege frente al criterio de expertos que desaconsejan la judicialización por riesgo de dilaciones indeseadas. Por su parte, la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido realizar una auditoria sobre el sistema de protección a la infancia, de la que es responsable directa.

Y es que, hace ya mucho tiempo, quienes nos dedicamos a estos temas, hemos advertido de la necesidad de modificar el concepto de protección por el concepto de ayuda a los niños que por los motivos que sean, carecen de circunstancias estables que puedan garantizar su mejor crianza.

El sistema de protección ha puesto su objetivo en alejar de cualquier peligro físico o psíquico a los niños y niñas. Nada que objetar a ello, pues es de lógica. El problema radica en la concreción del peligro y el criterio que se aplica a su valoración: si es inminente, si es real y si no existe otra posibilidad de prevenirlo y repararlo más que apartar al NNA de su familia e ingresarlo en un centro del Estado.

A nivel normativo, desde la Convención de Derechos del Niño del año 1989 se determina que el niño tiene Derecho a vivir en su propia familia, apoyada por los poderes del Estado.

La teoría es muy clara, sin embargo, la realidad en España no concuerda con este objetivo. La decisión de separar a los NNA de sus familias, es una decisión administrativa en la que el poder judicial no entra a valorar en ningún caso, con anterioridad a adoptarse la medida.

Del Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia (boletín 24 – datos 2021), se desprende que 2021 se cerró con 56.902 personas menores de edad atendidas por el sistema de protección en toda España, de los cuales, 16.177 se encuentran en centros de protección.

Según el Boletín, Catalunya destaca por ser la Comunidad Autónoma con mayor cifra de NNA con medidas de protección (7.777 que supone el 22,52% del total, de los cuales 4.168 están en centros). Seguido de Andalucía (5.375 total, de los cuales 2.330 están en centros), Comunidad Valenciana (4.145total, de los que 1.560 están en centros) y Madrid (3.714 total, de los que 1.452 están en centros).

Los adolescentes que entran en centros, no han cometido ningún delito, por tanto, no pueden estar en centros cerrados, ya que su ingreso es por causa de que el núcleo familiar no los protege, según el estudio que se haya realizado por la administración. Por ello, no debe extrañarnos que, desarraigados de sus familias a las que se les ha eliminado la autoridad para criarlos (declarados en desamparo) encuentren elementos indeseables que les presten atención y les dediquen su tiempo a cambio de favores de todo tipo. Son adolescentes que se escapan de los centros buscando emociones y pertenencia, sin calibrar los riesgos.

Los educadores, pedagogos y cuantos trabajan en los centros, realizan su labor profesional como corresponde, pero no pueden ser celadores de la libertad de los adolescentes ni deben serlo. Simplemente, la conclusión que debería obtenerse de esta situación es que el aislamiento y desarraigo familiar al internar a un menor en un centro, contra la voluntad familiar y del adolescente, no es la solución al problema, sino que lo agrava. La administración debe priorizar la ayuda a las propias familias para que mejoren la crianza en vez de retirar los niños y estudiarlos desde los centros. El único límite de estos adolescentes que rechazan estar en centros, estará en proteger los vínculos emocionales mínimamente sanos de sus familiares. El ingreso en un centro debería ser la excepción en casos límites y el objetivo debería ser dotar de recursos a las familias con sus respectivos controles en la ejecución de estos.

El Estado de Derecho en España hizo instaurar un poder judicial de garantías y respeto de los derechos de las personas. Sin ser perfecto, el poder judicial tiene un sistema de garantías en las que el derecho a la prueba, el derecho a la contradicción del proceso y el derecho de defensa son elementos del propio proceso.

Por eso, en las circunstancias actuales debemos reaccionar y exigir una modificación del sistema que ofrezca garantías en el proceso de desamparo. Aquí las propuestas realistas y posibles que se nos ocurren en un futuro inmediato:

• La declaración de desamparo de un menor que comporta el alejamiento de su entorno habitual, debe ser competencia del Juez. Las medidas de protección que no comportan separación del menor, seguirán siendo competencia exclusiva de la administración pública de protección.

• El Juez de Familia de cada provincia ( los procedimientos de oposición a las medidas de protección son competencia de los Juzgados de Instancia de las provincias con sede de la entidad pública) deberá declarar el desamparo de los menores que las entidades públicas de protección le presenten en un proceso similar a la capacidad de las personas.

• La competencia objetiva y territorial para la protección de la infancia en todo lo que le afecte (medidas de protección, adopción, tutelas, administración de bienes…) debería residir en los nuevos Juzgados de Familia especializados o en los Juzgados actuales de Menores con la modificación legal correspondiente que permita el ámbito civil claramente diferenciado del Penal actual.

• Los menores en situación de desamparo tendrán derecho a un abogado desde el inicio del procedimiento administrativo, así como los progenitores que se hallen incursos en dicho proceso.

SGS · Abogados de familia

Realistic and possible proposals for a process of child abandonment with guarantees.
Latelly, there are more and more pieces of news uncovering the anomalous functioning of the administration in matters of child and adolescent protection. A few days ago, the newspaper El País published the news about the controversy between the complaint of lawyers and families about the ex lege removals versus the criteria of experts who advise against the judicialisation of the competence due to the risk of unwanted delays. For her part, the President of the Community of Madrid, Isabel Díaz Ayuso, has decided to carry out an audit of the child protection system, for which she is directly responsible.
For a long time now, those of us who work on these issues have been warning of the need to change the concept of “protection” to “helping children” who, for whatever reason, lack stable environments that can guarantee their upbringing.
The protection system has made it its goal to remove children from any physical or psychological danger. There is no objection to this, as it is logical. The problem lies in the definition of the danger and the criteria applied to its assessment: whether it is imminent, real and whether there is no other alternative to prevent it, than to remove the child from his or her family and place him or her in a State centre
At the normative level, since the 1989 Convention on the Rights of the Child, it has been determined that the child has the right to live in his or her own family, supported by the powers of the State.
This is very clear in the paper, however, the reality in Spain is not in accordance with this objective. The decision to separate children and adolescents from their families is an administrative decision in which the judge does not enter to assess in any case, prior to the adoption of the measure.
From the Bulletin of statistical data on child protection measures (bulletin 24 – data 2021), it can be seen that 2021 closed with 56,902 minors being cared for by the protection system throughout Spain, of whom 16,177 are in protection centres.
According to the Bulletin, Catalonia stands out as the Autonomous Community with the highest number of children and adolescents with protection measures (7,777, representing 22.52% of the total, of which 4,168 are in centres). Followed by Andalucía (5,375 total, of which 2,330 are in centres), Comunidad Valenciana (4,145total, of which 1,560 are in centres) and Madrid (3,714 total, of which 1,452 are in centres).
Because the adolescents who enter the protection centre have not committed any crime, they cannot be in closed regime centres, according to the study carried out by the administration. Given the open regime of these centers, it should come as no surprise that, uprooted from their families whose authority to raise them has been removed (declared destitute), they find undesirable elements who pay attention to them and devote their time to them in exchange for favours of all kinds. It is very frequent that the children run away from the centres in search of excitement and belonging, without gauging the risks.
Educators, pedagogues and all those who work in the centres carry out their professional work accordingly, but they cannot and should not be the guardians of these adolescents’ freedom. Quite simply, the conclusion that should be drawn from this situation is that isolating and uprooting the family by placing a minor in a centre, against the will of the family and the adolescent, is not the solution to the problem, but rather aggravates it. The administration should prioritise helping the families themselves to improve their upbringing instead of removing the children and studying them in the centres. The only limit for these adolescents who refuse to stay in centres will be to protect the healthy emotional ties of their families. Admission to a centre should be the exception in borderline cases and the goal should be to provide families with resources.
The rule of law in Spain has led to the establishment of a judiciary power with guarantees and respect for people’s rights. Without it being perfect, the judiciary power has a system of guarantees in which the right to evidence, the right to contradict the process and the right to defence are essential elements of the process itself.
Therefore, in the current circumstances, we must react and demand a modification of the system that offers guarantees in the process of abandonment. Here are the realistic and possible proposals that we can think of in the immediate future:

• The declaration of abandonment of a minor, which entails removal from his or her habitual environment, should be the competence of the judge. Protection measures that do not entail separation of the minor will continue to be the exclusive competence of the public protection administration.
• The Family Judge of each province (proceedings to oppose protection measures are the competence of the Courts of First Instance of the provinces where the public body has its headquarters) must declare the abandonment of minors presented to him/her by the public protection bodies in a process similar to the capacity procedure.
• The objective and territorial competence for the protection of children in all matters affecting them (protection measures, adoption, guardianships, administration of assets…) should reside in the new specialised Family Courts or in the current Courts for Minors with the corresponding legal modification that allows the civil sphere to be clearly differentiated from the current criminal sphere.
• Minors in a situation of abandonment will have the right to a lawyer from the beginning of the administrative procedure, as well as the parents involved in such a process.

SGS· Abogados de familia

Propositions réalistes et possibles pour un processus de déclaration d’abandon avec garanties.
Ces derniers temps, les nouvelles qui révèlent le fonctionnement anormal de l’administration en matière de protection des enfants et des adolescents sont devenues de plus en plus récurrentes. Il y a quelques jours, dans le journal El País, la nouvelle a été publiée sur la controverse entre la plainte des avocats et de la famille pour des retraits ex lege contre les critères des experts qui déconseillent les poursuites en raison du risque de retards indésirables. De son côté, la présidente de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a décidé de réaliser un audit sur le système de protection de l’enfance, dont elle est directement responsable.

Et c’est qu’il y a longtemps, ceux d’entre nous qui se consacrent à ces questions, ont averti de la nécessité de modifier le concept de protection par le concept d’aider les enfants qui, pour quelque raison que ce soit, manquent de circonstances stables qui peuvent garantir leur meilleur élevage.

Le système de protection s’est fixé pour objectif d’éloigner les garçons et les filles de tout danger physique ou mental. Rien à redire, car c’est logique. Le problème réside dans la spécification du danger et les critères appliqués à son appréciation : s’il est imminent, s’il est réel et s’il n’y a pas d’autre possibilité de le prévenir et de le réparer que d’éloigner l’enfant de sa famille et de l’admettre à un centre de l’État.

Au niveau normatif, depuis la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989, il est déterminé que l’enfant a le droit de vivre dans sa propre famille, soutenu par les pouvoirs de l’État.

La théorie est très claire, cependant, la réalité en Espagne ne correspond pas à cet objectif. La décision de séparer les enfants et les adolescents de leurs familles est une décision administrative dans laquelle le pouvoir judiciaire n’apprécie en aucun cas, avant d’adopter la mesure.

D’après le Bulletin de données statistiques sur les mesures de protection de l’enfance (bulletin 24 – données 2021), on peut voir que 2021 s’est clôturée avec 56 902 mineurs pris en charge par le système de protection dans toute l’Espagne, dont 16 177 sont dans des centres de protection.

Selon le Bulletin, la Catalogne se distingue comme étant la Communauté autonome avec le plus grand nombre d’enfants et d’adolescents bénéficiant de mesures de protection (7 777, soit 22,52 % du total, dont 4 168 dans des centres). Viennent ensuite l’Andalousie (5 375 au total, dont 2 330 dans les centres), la Comunidad Valenciana (4 145 au total, dont 1 560 dans les centres) et Madrid (3 714 au total, dont 1 452 dans les centres).

Les adolescents qui entrent dans les centres n’ont commis aucun crime, par conséquent, ils ne peuvent pas être dans des centres fermés, car leur admission est due au fait que le noyau familial ne les protège pas, selon l’étude réalisée par l’administration. Pour cette raison, il ne faut pas s’étonner que, déracinés de leurs familles dont l’autorité pour les élever a été retirée (déclarés en abandon), ils trouvent des éléments indésirables qui leur prêtent attention et leur consacrent leur temps en échange de faveurs de toutes sortes . Ce sont des adolescents qui s’évadent des centres à la recherche d’émotions et d’appartenance, sans calibrer les risques.

Les éducateurs, les pédagogues et ceux qui travaillent dans les centres exercent leur travail professionnel en conséquence, mais ils ne peuvent pas être les gardiens de la liberté des adolescents et ne devraient pas l’être. Simplement, la conclusion qu’il faut tirer de cette situation est que l’isolement et le déracinement de la famille en plaçant un mineur dans un centre, contre la volonté de la famille et de l’adolescent, n’est pas la solution au problème, mais plutôt l’aggrave . L’administration doit donner la priorité à l’aide aux familles elles-mêmes afin qu’elles améliorent leur éducation au lieu de retirer les enfants et de les étudier dans les centres. La seule limite pour ces adolescents qui refusent d’être dans des centres sera de protéger les liens affectifs peu sains de leurs proches. L’admission dans un centre devrait être l’exception dans les cas extrêmes et l’objectif devrait être de fournir aux familles des ressources avec leurs contrôles respectifs dans l’exécution de celles-ci.

L’État de droit en Espagne a conduit à l’établissement d’un pouvoir judiciaire de garanties et de respect des droits des personnes. Sans être parfait, le système judiciaire dispose d’un système de garanties dans lequel le droit à la preuve, le droit de contredire le procès et le droit à la défense sont des éléments du procès lui-même.

Pour cette raison, dans les circonstances actuelles, nous devons réagir et exiger une modification du système qui offre des garanties dans le processus d’abandon. Voici les propositions réalistes et possibles auxquelles nous pouvons penser pour l’avenir immédiat :

– La déclaration d’abandon d’un mineur qui implique l’éloignement de son milieu habituel, doit être du ressort du juge. Les mesures de protection qui n’impliquent pas la séparation d’avec le mineur resteront de la compétence exclusive de l’administration de la protection publique.

– Le juge aux affaires familiales de chaque province (les procédures d’opposition aux mesures de protection sont du ressort des tribunaux d’instance des provinces dont dépend l’établissement public) doit déclarer l’abandon des mineurs que les organismes publics de protection leur présentent dans une procédure similaire à la capacité des gens.

– La compétence objective et territoriale pour la protection des enfants dans tout ce qui les concerne (mesures de protection, adoption, tutelles, administration des biens…) devrait résider dans les nouveaux tribunaux de la famille spécialisés ou dans les actuels tribunaux pour mineurs avec la modification du cadre juridique correspondant qui permet la portée civile clairement différenciée de l’actuelle Pénale.

– Les mineurs en situation d’abandon auront droit à un avocat dès le début de la procédure administrative, ainsi que les parents impliqués dans ladite procédure.

SGS · Abogados de Familia