Acción del propietario para la recuperación de la posesión del uso de vivienda familiar una vez se ha extinguido.

Es jurisprudencia reiterada tanto del Tribunal Supremo como de la Dirección General de Registros y del Notariado (Resoluciones de 19.01.2016 y 20.10.2016 y 27.12.2017) que la naturaleza del derecho de uso sobre la vivienda familiar es de orden puramente familiar y no tiene carácter de patrimonial.

Se establece en el Código Civil, en virtud de su artículo 96.3, que no habiendo hijos, podrá acordarse que el uso de tales bienes, por el tiempo que prudencialmente se fije, corresponda al cónyuge no titular, siempre que, atendidas las circunstancias, lo hicieran aconsejable y su interés fuera el más necesitado de protección.

Siendo que se trata de un derecho puramente familiar, acordado en un procedimiento de la misma naturaleza, y cuya temporalidad se limita en la resolución que atribuye el derecho al uso de la vivienda familiar (sin perjuicio de su evidente prorrogabilidad), una vez transcurre el periodo de uso atribuido, y habiendo sido denegada la prórroga, parece lógica su automática extinción.

Sin embargo, no es esta la realidad con la que nos topamos en los Juzgados a día de hoy. Recientemente nos hemos encontrado con un caso en el que el propietario de la vivienda familiar cuyo uso había sido atribuido a su ex cónyuge en 2006, limitándose dicho derecho en 2016 por el periodo de un año como consecuencia de la mayoría de edad del hijo del matrimonio.

En 2017 se prorrogó nuevamente el derecho de uso por otro año, y finalmente en 2019 se denegó dicho derecho a prórroga. Al denegarse la prórroga, se instó por la contraria recurso de apelación, con ánimo de dilatar su estancia en la vivienda familiar lo máximo posible.

Conociendo los plazos de la justicia como los conocemos, se instó ejecución provisional de la Sentencia que denegaba la prórroga; cumpliendo con todos los requisitos procesales y de fondo exigidos por la LEC. A pesar de ello, la demanda ha sido desestimada, establecido lo siguiente el Juzgado en cuanto a la adecuación del procedimiento instando:

“El derecho de uso exclusivo del domicilio familiar a favor del cónyuge al que se otorga sirve de título de ocupación durante el tiempo en el que permanece vigente. Si bien, una vez finalizado el plazo para el que se concedió el derecho de uso, la acción del otro cónyuge para recuperar la posesión es del todo ajena a este litigio, pues pertenece al ámbito de la protección posesoria del titular o titulares del derecho, que han de hacerla valer por medio de los procedimientos correspondientes en los cuales, si se diera lugar a ellos, quien ostentó el derecho de uso ya extinguido no podrá oponer como título válido y eficaz de su posesión la sentencia dictada en el pleito matrimonial, aun cuando si dispusiese de otro título podrá hacerlo valer frente al derecho que alegue la parte que promueva la acción para recuperar la posesión.

En consecuencia con lo anterior no es admisible que se instrumentalice la fase de ejecución de una sentencia de familia para el ejercicio de unas acciones, como las reivindicatorias del dominio o la restitución de la posesión, que son ajenas al ámbito de lo que puede ser enjuiciado en estos procesos de carácter especial. Otra cosa sería si existiese pacto homologado o pronunciamiento expreso en la parte dispositiva de la ejecutoria, que estableciera la obligación de desalojo de la vivienda y la entrega de la posesión a un tercero, lo que no concurre en el caso de autos.”

El derecho de uso de vivienda que se otorgó en un procedimiento de familia, no puede extinguirse por el mismo cauce, sino que se deja a un procedimiento de recuperación de posesión, de naturaleza totalmente diferente. Así, se obliga al propietario a interponer una acción independiente para la recuperación del uso de su propiedad.

Es jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo (STS 25/03/2015,  rec. 2446/2013) que “que la atribución de uso de la vivienda deba limitarse en el tiempo es una previsión para el supuesto de que se haga al cónyuge no titular”. Pero si esta limitación no lo suficientemente explícita como para establecer la fecha en la que el beneficiario del uso debe abandonarla, ¿el propietario está obligado a instar un nuevo procedimiento para recuperar su posesión? No parece ajustado a derecho…  Máxime cuando la cautela de dictar resoluciones ejecutables corresponde al juzgador.

Un caso similar al presente fue resuelto mediante Auto dictado por la Sección 12ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, en fecha de 17 de enero de 2013. En ese caso, en primera instancia se establecido lo siguiente: “Deniego el despacho de ejecución solicitado (…) , sin perjuicio de que la ejecutante haga valer su derecho instando el ejercicio del cauce procesal que corresponda.” Posteriormente, en sede de Apelación se dictó que si vence el periodo de tiempo por el que se ha fijado el uso y el beneficiario no ha solicitado en modificación de medidas la concesión de prórroga al amparo del artículo 233 – 20.5 del Código Civil de Cataluña, el cauce procedimental para su recuperación es el de la ejecución de la sentencia.

En conclusión, es evidente que el recurso de apelación y la acción de desahucio por precario son opciones para la recuperación de la posesión del cliente, sin embargo ambas opciones aseguran que deberá añadir un par de años más sin su vivienda (actualmente ocupada sin justo título) a los 2 que ya lleva acumulados. ¿Dónde queda la economía procesal? ¿Y la tutela judicial efectiva?

Continuaremos informando…

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LEGAL ACTION OF THE OWNER TO RECOVER THE POSSESSION OF THE FAMILY HOME ONCE THE ATTRIBUTED USE HAS EXTINGUISHED.

It is settled jurisprudence of both the Supreme Court and the General Directorate of Registries and Notaries (Resolutions of 19.01.2016 and 20.10.2016 and 27.12.2017) that the nature of the right to use the family home is of a purely family nature and therefore, it does not have patrimonial character.

It is established by virtue of the article 96.3 of the Civil Code,, that if there are no children and the circumstances made advisable (their interest was most in need of protection), it may be agreed that the use of such property, for the time that is prudentially set, corresponds to the non-titular spouse.

Taking into consideration that the attribution of use of a family home is purely a family right that is determined in a procedure of the same nature, and that is it limited temporarily in the resolution that attributes it (without prejudice to its evident extendability), once the period of attributed use ends, and the extension has been denied, its automatic termination seems logical.

However, this is not the reality we are encountering in the Courts today. We have recently come across a case in which the owner of the family home of which use had been attributed to his former spouse in 2006. The right of use was limited in 2016 to a period of one more year as a result of the age of majority of their common child.

In 2017, the right of use was extended again for another year, and finally in 2019 the right to extension was denied. When the extension was denied, the former wife appealed the decision of the court with the aim of extending her stay in the family home as long as possible.

Knowing the judicial terms as we know them, a provisional execution of the Sentence that denied the extension of the right was requested; complying with all the procedural and substantive legal requirements. Despite this fact, the claim has been dismissed, and the Court has established the following regarding the adequacy of the procedure, urging:

“The right to exclusive use of the family home in favor of the spouse to whom it is granted serves as an occupation title during the time it remains in force. Although, once the term for which the right of use was granted, the action of the other spouse to regain possession is completely unrelated to this litigation, since it belongs to the scope of possessory protection of the owner or owners of the right, that they must enforce it by means of the corresponding procedures in which, if they were given the chance, whoever held the right of use that has already expired will not be able to oppose as a valid and effective title of their possession the sentence issued in the matrimonial lawsuit, even when if they had another title, they could enforce it against the right alleged by the party promoting the action to regain possession.

Consequently with the above explained, it is not admissible that the execution phase of a family sentence be instrumentalized for the exercise of some actions, such as claims of ownership or restitution of possession, which are outside the scope of what can be prosecuted in these special processes. Another thing would be if there were an approved agreement or express pronouncement in the operative part of the executive order, which establishes the obligation to evict the home and hand over the possession to a third party, which does not concur in the present case.”

The right to use a home that was granted in a family procedure cannot be extinguished by the same channel, but is left to a procedure for the recovery of possession, of a totally different nature. Thus, the owner is obliged to file an independent action to recover the use of his property.

It is settled jurisprudence of the Supreme Court (STS 03/25/2015, rec. 2446/2013) that “the fact that the attribution of use of the home must be limited in time is a provision for the assumption that it is made to the non-titular spouse” . But if this limitation is not explicit enough to establish the date on which the beneficiary of the use must abandon it, is the owner obliged to start a new procedure to regain possession? It does not seem righteous … Especially considering that the caution of issuing enforceable decisions corresponds to the judge.

A similar case was resolved by means of a resolution issued by Section 12 of the Barcelona Provincial Court, on January 17, 2013. In that case, the following was established by the First Instance Court “I deny the execution (…), without prejudice to the executor asserting her right by urging the corresponding procedural channel.” Subsequently, at the Appeal headquarters it was ruled that if the period of time for which the use has been set expires and the beneficiary has not requested the modification of measures the granting of an extension under article 233 – 20.5 of the Civil Code of Catalonia, the procedural channel for its recovery is the execution of the sentence.

In conclusion, it is evident that the appeal and the precarious eviction action are options for the recovery of the client’s possession, however both options ensure that he will have to add a couple more years without his home (currently occupied without rightful title ) to the 2 that have already gone by. Where has the procedural economy gone? And the effective judicial protection?

We will continue to inform …

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ACTION DU PROPRIÉTAIRE POUR LA RÉCUPÉRATION DE LA POSSESSION DE L’UTILISATION DU LOGEMENT FAMILIAL UNE FOIS QU’IL A ÉTÉ SORTI.

Il est de jurisprudence constante de la Cour suprême et de la Direction générale des registres et des notaires (Résolutions du 19/01/2016 et 20/10/2016 et 27/12/2017) que la nature du droit d’usage du domicile familial est de nature purement familiale et que ce n’est pas patrimonial.

Il est établi dans le Code civil, en vertu de son article 96.3, que s’il n’y a pas d’enfants, il peut être convenu que l’utilisation de ces biens, pour la durée prudentiellement fixée, correspond au conjoint non propriétaire, à condition que, compte tenu des circonstances, il rendu souhaitable et leur intérêt était celui qui avait le plus besoin de protection.

Étant donné qu’il s’agit d’un droit purement familial, convenu dans une procédure de même nature, et dont la temporalité est limitée dans la résolution qui attribue le droit à l’utilisation du domicile familial (sans préjudice de son extensibilité évidente), une fois le période d’utilisation attribuée, et l’extension ayant été refusée, sa résiliation automatique semble logique.

Cependant, ce n’est pas la réalité que nous rencontrons dans les tribunaux aujourd’hui. Nous avons récemment rencontré un cas dans lequel le propriétaire du logement familial dont l’usage avait été attribué à son ex-conjoint en 2006, limitant ce droit en 2016 pour une période d’un an en raison de l’âge de la majorité de l’enfant marié .

En 2017, le droit d’utilisation a de nouveau été prolongé pour une autre année, et finalement en 2019, le droit à l’extension a été refusé. Lorsque la prolongation a été refusée, l’appel inverse a été demandé, dans le but de prolonger le plus longtemps possible leur séjour au domicile familial.

Connaissant les termes de la justice tels que nous les connaissons, l’exécution provisoire de la résolution refusant la prolongation a été demandée; se conformer à toutes les exigences procédurales et de fond requises par la LEC. Malgré cela, la demande a été rejetée, la Cour a établi ce qui suit concernant l’adéquation de la procédure en demandant:

«Le droit d’usage exclusif du domicile familial au profit du conjoint auquel il est concédé sert de titre d’occupation pendant le temps où il demeure en vigueur. Bien que, une fois la durée pour laquelle le droit d’usage a été accordé, l’action de l’autre époux pour reprendre possession est totalement indépendante de ce litige, puisqu’elle relève de la protection possessoire du ou des titulaires du droit, qu’ils doivent l’exécuter au moyen des procédures correspondantes dans lesquelles, si elles ont eu lieu, quiconque détenait le droit d’usage déjà expiré ne pourra s’opposer comme titre valable et effectif de sa possession à la condamnation prononcée dans le procès matrimonial, même lorsqu’il a un autre titre, il peut le faire valoir contre le droit allégué par la partie qui promeut l’action de reprendre possession.

Par conséquent, il n’est pas admissible que la phase d’exécution d’une décision en matière familiale soit instrumentalisée pour l’exercice de certaines actions, telles que les revendications de propriété ou la restitution de possession, qui sortent du cadre de ce qui peut être poursuivi dans le cadre de ces processus spéciaux. Une autre chose serait s’il y avait un pacte approuvé ou une déclaration expresse dans le dispositif du décret, qui établit l’obligation d’expulser le domicile et de remettre la possession à un tiers, ce qui n’est pas d’accord en l’espèce. “

Le droit d’utiliser un logement accordé dans le cadre d’une procédure familiale ne peut être éteint par la même voie, mais est laissé à une procédure de récupération de possession, de nature totalement différente. Ainsi, le propriétaire est obligé de déposer une action indépendante pour récupérer l’usage de son bien.

Il est de jurisprudence constante de la Cour suprême (STS 25/03/2015, rec. 2446/2013) que “l’attribution de l’usage du logement doit être limitée dans le temps est une disposition qui suppose qu’elle est faite au conjoint non titulaire” . Mais si cette limitation n’est pas suffisamment explicite pour établir la date à laquelle le bénéficiaire de l’usage doit l’abandonner, le propriétaire est-il obligé d’instituer une nouvelle procédure de reprise de possession? Cela ne semble pas ajusté à la loi … Surtout lorsque la prudence dans la prise de décisions exécutoires correspond au juge.

Une affaire similaire à la présente a été résolue par une ordonnance rendue par la section 12 du tribunal provincial de Barcelone, le 17 janvier 2013. Dans cette affaire, ce qui suit a été établi en premier lieu: «Je refuse la dépêche d’exécution (…), nonobstant le fait que l’exécuteur testamentaire fait valoir son droit en exhortant à l’exercice de la voie procédurale correspondante. ” Par la suite, au siège de l’Appel, il a été décidé que si la période de temps pour laquelle l’utilisation a été fixée expire et que le bénéficiaire n’a pas demandé en modification des mesures l’octroi d’une prolongation en vertu de l’article 233-20.5 du Code civil de Catalogne, le canal procédural de sa récupération est l’exécution de la peine.

En conclusion, il est clair que l’appel et l’action d’expulsion précaire sont des options pour la récupération de la possession du client, mais les deux options garantissent qu’il devra ajouter quelques années de plus sans son logement (actuellement occupé sans juste titre ) aux 2 déjà accumulés. Où est l’économie procédurale? Et la protection judiciaire efficace?

Nous continuerons à informer …

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